El domingo 17 de mayo se votó la iniciativa de modificación a la Constitución (275 a favor, 223 en contra y cero abstenciones). Tal como se esperaba, la oposición del PRI, PAN y PRD, junto con Movimiento Ciudadano, votaron en contra de dicha reforma. La presión de las compañías privadas, encabezada por Iberdrola, jugó un papel fundamental en la definición final de los diputados referidos.
Por su parte, el bloque encabezado por Morena, que incluye al PT y PVEM, basó su estrategia de aprobación de dicha reforma en incorporar 10 de 12 propuestas que la misma oposición había hecho. Aún a pesar de ello, la reacción fue la misma: el rechazo.
En el fondo, el proceso de votación que se escenificó era solo de carácter protocolar. La decisión de proteger el negocio privado, que se consolidó con la reforma energética de Enrique Peña Nieto en el sexenio pasado, era bastante firme. Esto a pesar de que toda la evidencia mostraba que se trata de un saqueo monumental.
El tamaño de la reforma de hace ocho años se puede valorar en el dato de que al año se llevan casi 500 mil millones de pesos de beneficios y que emplean en un 85% hidrocarburos para la generación de energía que ofrecen como limpia.
Esto es posible dado que la manera en que los monopolios privados organizaron la usurpación de los recursos de la industria eléctrica, incluye la contratación de funcionarios gubernamentales en cargos directivos; la creación de organismos reguladores “autónomos”, también controlados por funcionarios a su servicio; el patrocinio de institutos de “investigadores”, que elaboran agendas “verdes” artificiales, y el cínico auxilio directo de los Estados Unidos, por medio de su embajador Ken Salazar y del enviado especial John Kerry quienes, un día si y el otro también, exigieron que se le pusiera un freno a la reforma que impulsa AMLO.
Con este resultado el conflicto en el sector energético se mantiene y extiende su resolución para otras fechas. Mientras gobierne AMLO, se emplearán las leyes de la industria eléctrica, ya validadas por la corte, para aplicar los aspectos sustanciales de la reforma constitucional rechazada. La oligarquía eléctrica mantendrá los litigios que pueda para torear la ley, hasta que logre colocar un gobierno afín a sus intereses en palacio nacional y derribe las reformas que considera un obstáculo para el buen funcionamiento del sacrosanto mercado.
La “estrategia” de Morena y de sus aliados para aprobar la iniciativa era equivocada desde un principio. Si ya sabían que la oposición no iba a aceptarla bajo ninguna circunstancia, ¿para qué hicieron tantas concesiones? Si no lo sabían, entonces hay cierto cretinismo parlamentario, es decir, el suponer que un buen discurso o una buena maniobra haga que una propuesta pase o no.
Esta iniciativa reactivó a importantes sectores del movimiento social. Se conformó el Frente Nacional en Defensa de la Reforma Eléctrica y se impulsaron manifestaciones a lo largo y ancho del país. El día de la votación había miles de personas afueras de San Lázaro, manifestando su apoyo a la iniciativa y rechazando el actuar de los partidos de la burguesía. Estas acciones agruparon, sobre todo, a los sectores avanzados de las masas, quienes están dispuestos a actuar para empujar iniciativas de este tipo. Pero a un nivel más amplio vimos a miles de personas y familias siguiendo el debate del parlamento en TV o redes, viendo el descarado actuar de la derecha a favor del gran capital. Pero ese potencial de lucha de las masas se desperdicia al verse como un simple apoyo a la lucha parlamentaria.
El elemento clave de la cuestión, el derecho de usufructo de la energía en México, es fundamental. La derecha quiere que sean los oligarcas quienes decidan y se beneficien sobre los recursos naturales en México. El campo popular, por decirle de algún modo, desea que sea el pueblo de México quien decida sobre sus recursos y que estos se aprovechen en beneficio social.
En el campo de la derecha casi no hay matices, ellos desean servir bien a sus patrones para ganar algún cargo en alguna de las opciones de empleo.
En el campo popular hay una gran diversidad de posiciones relacionadas con cómo llevar a cabo el aprovechamiento de la energía eléctrica y otros recursos. La posición del gobierno de AMLO es que debe haber una participación privada hasta en 46 %, que debe existir un mercado regulado. Desde nuestro punto de vista esto es excesivo. La participación de la iniciativa privada en el sector y permitir que sea el mercado quien fije los precios del servicio eléctrico es innecesaria y da pie a la generación de intereses que en un momento dado pueden tratar de controlarlo todo.
La administración de la propia CFE debería modificarse, su manejo burocrático es también un obstáculo para la realización de los fines que pretende seguir la intervención de los trabajadores en la administración de esta y la vinculación con las comunidades. Desde las hidroeléctricas hasta las plantas de generación eólicas y de diverso tipo debe estar bajo control obrero y la supervisión de asambleas populares.
Como hemos señalado, de facto se está impulsando la propuesta de AMLO en el terreno de la administración de la industria eléctrica, lo cual es claramente insuficiente pues deja espacio a que la iniciativa privada siga presionando para mantener sus privilegios. Como hemos dicho también, esto no detendrá a los saqueadores oligarcas, quienes desde ya preparan todo tipo de estratagemas para seguir socavando a la CFE y quedarse con todo el negocio. En este contexto el 2024 será un año clave.
Desde el campo de los trabajadores, debemos enfatizar que avanzamos juntos contra los intentos de la oligarquía de apoderarse de la industria eléctrica, pero que debemos fortalecer una alternativa radical mucho más allá de lo que propone el gobierno.
La siguiente batalla se concentrará en el Litio, ya se ha mandado una iniciativa de Ley Minera en que se incluye que la explotación de este para uso exclusivo de la nación, dándole el mismo estatus que el petróleo.
Nuevamente veremos a los distintos campos enfrentados en el terreno del parlamento y es seguro que la ley sea aprobada y que inmediatamente sea impugnada por parte de la derecha. Como en un cuento de nunca acabar.
Esto es así porque en general estas batallas se han centrado en el terreno de los partidos quedando las organizaciones al margen como simples mecanismos auxiliares. Ya va siendo tiempo de que construyamos iniciativas desde abajo; asambleas en escuelas, en pueblos, en fábricas y en barrios en donde preparemos una lucha para que la industria eléctrica, la minería y los recursos energéticos quede manos de los trabajadores organizados.