Publicamos este llamamiento, firmado por la sección venezolana de ICR junto a otras organizaciones, en solidaridad con los arrestados en las protestas tras el anuncio oficial de los resultados electorales. Añade tu firma o la de tu organización al llamamiento aquí.
El pasado 29 de julio, tras el anuncio de los resultados electorales que otorgaban la victoria al presidente Nicolás Maduro, se desató una ola de protestas en los barrios y sectores populares de Caracas y de muchas otras ciudades del país. Convencidos de que se había producido un fraude electoral, dados los diversos hechos que rodearon el anuncio y, más aún, la intempestiva proclamación oficial del “ganador” a las pocas horas, sin finalizar la totalización, sin auditorías ni soportes de ningún tipo, miles salieron a las calles a expresar su rechazo.
La contundente protesta popular fue sofocada mediante una respuesta brutalmente represiva. Desde la tarde del lunes 29 en adelante, el Gobierno fue imponiendo su orden, contingentes de fuerzas de seguridad del Estado (policiales y componentes de las FFAA, como la Guardia Nacional) en conjunto con grupos parapoliciales armados, reprimieron violentamente las manifestaciones. La ocupación de las entradas de los barrios e innumerables allanamientos de casas, han completado la ofensiva.
Hubo 25 personas fallecidas entre el lunes 29 y martes 30, según organismos de Derechos Humanos y la propia Fiscalía, hay unos 2.200 presos de acuerdo con lo informado por el presidente Maduro, 1.406 de acuerdo a organizaciones no gubernamentales. El 95% de los encarcelados serían de zonas populares, al igual que casi todas las víctimas mortales. Esta represión se descarga con evidente particularidad sobre las clases populares. Hay 117 adolescentes, 185 mujeres, 17 personas con discapacidad y 14 indígenas. Las y los presos enfrentan posibles condenas que oscilan entre los 25 a 30 años de prisión, en el caso de “terrorismo”, y de 10 a 20 años de prisión, en los casos de “instigación al odio”.
Quienes suscribimos este comunicado nos proponemos llevar adelante una campaña nacional e internacional en defensa irrestricta de los derechos democráticos, por la libertad de las y los criminalizados por protestar, expresar su descontento en redes, o simplemente vivir en una zona popular.
Lo hacemos con total independencia política de las fracciones capitalistas que hoy se disputan el poder en el país: el gobierno de Maduro y la oposición de derecha.
Enfrentamos al régimen político de Maduro, que avanza en una clara profundización de su carácter autoritario y represivo, al tiempo que nos oponemos a la oposición patronal que encabeza María Corina Machado, cuyos objetivos políticos e intereses también son contrarios a los del pueblo trabajador. No secundamos a ninguno de estos polos reaccionarios.
Al tiempo que hacemos esta campaña contra la represión estatal, rechazamos que ser militante de las estructuras barriales del partido de gobierno sea motivo automático de estigmatización e, incluso, el asesinato, como parece haber sido los casos de dos mujeres en Bolívar y en Aragua.
La clase trabajadora y los sectores populares llevan la peor parte de las represalias
A la represión directa se le suman centenares de despidos de trabajadores y trabajadoras en diferentes empresas e instituciones de la administración pública, en algunos casos tras la revisión ilegal de sus teléfonos celulares y redes sociales. Las personas provenientes de los barrios son la inmensa mayoría de los presos, no solo por haber sido los protagonistas de las protestas del 29J y 30J, sino porque es allí donde se han cebado las redadas en las que agarran a cualquiera: solo por el hecho de vivir en estas zonas populares, muchos trabajadores y jóvenes han sido apresados, inventándoles cargos, con el objetivo de agrandar los números de detenidos o para la simple y llana extorsión policial.
En las masivas detenciones registradas hemos podido constatar la violación de las más básicas garantías de los derechos a la libertad personal, a la defensa y el debido proceso, dentro de las que destacamos allanamientos a viviendas y arrestos sin orden judicial; periodos de incomunicación de las personas detenidas durante varios días; restricciones para nombrar a sus defensores de confianza; así como falta de comunicación de las personas detenidas con los defensores públicos que les designa el propio Gobierno para preparar su legítimo derecho a la defensa. Las audiencias de presentación se han llevado a cabo de manera telemática, a través de procedimientos sumarios y colectivos, sin una individualización clara de las imputaciones. En la inmensa mayoría de los casos se han decretado medidas de detención preventiva, en evidente contravención con el derecho a ser juzgados en libertad establecido constitucionalmente. Estas personas, además, están siendo trasladadas a centros penitenciarios alejados de los lugares de residencia de sus familiares, lo que supone aumentar tanto su proceso de aislamiento, como las dificultades para que sus redes de apoyo puedan atender y complementar sus necesidades alimentarias y/o de medicinas durante el tiempo en el que permanezcan bajo reclusión. En los casos de los adolescentes detenidos, se ha constatado que han permanecido en los mismos lugares de reclusión de las personas mayores de edad, violando su derecho a recibir un tratamiento diferenciado establecido legalmente.
En estas circunstancias, los presos populares llevan la peor parte. Son los menos visibilizados, los anónimos y los que menos tienen recursos y posibilidades de colocar en la escena pública sus casos. La precariedad económica hace inviable sobrellevar los costos en un sistema carcelario profundamente corrompido donde hay que pagar por todo. Dado el carácter clasista de la “justicia” y las estigmatizaciones contra el pueblo pobre, en especial su juventud, los jueces, fiscales y custodios descargan con mayor saña sus desmanes contra estos. Esta invisibilización también corre por parte de los partidos patronales de la derecha que se han limitado a denunciar la detención de sus dirigentes políticos y de sus partidarios. Poco han dicho sobre la ofensiva represiva desplegada en los barrios, mostrando su total desinterés por los pobres que salieron a protestar.
Hacemos un llamado a las organizaciones de derechos humanos, a las organizaciones sindicales, comunitarias y políticas que defiendan los derechos democráticos, tanto del país como a nivel internacional, a prestar especial atención a esta situación y sumar esfuerzos por la causa de la libertad de las y los presos por protestar y/o vivir en una zona popular. ¡Protestar no es un delito, ser pobre tampoco!
¡Basta de represión!
¡Libertad para los presos por protestar!
¡La protesta popular es un derecho, reprimir es un delito!
Caracas, 19 de agosto de 2024.
FIRMAN
Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de lxs Trabajadorxs Presxs
PPT-APR
Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS)
Partido Socialismo y Libertad (PSL)
Lucha de Clases–ICR
Marea Socialista
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