La maltrecha “verdad histórica” sobre desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, construida por el gobierno de Enrique Peña Nieto con base a la tortura y una grotesca simulación, se ha derrumbado completamente. El pasado 7 de julio la Fiscalía General de la República confirmó la identificación de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los 43 normalistas, sus restos no fueron hallados en el basurero de Cocula, ni en el Río San Juan, sino en un lugar a 800 metros de donde se construyó la “verdad” peñista.
Los nuevos resultados en las investigaciones
El 4 de Diciembre de 2018 se decretó la creación de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ-Ayotzinapa), cuyo propósito, de acuerdo a documentos oficiales, es asistir a los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa para lograr el acceso a la justicia y el conocimiento de la verdad.
En enero de este año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer que el gobierno de México aceptó la reinstalación del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), el cual jugó un papel importante para el esclarecimiento de los hechos sucedidos el 26 y 27 de septiembre de 2014. En sus conclusiones manifiestan que los estudiantes no fueron quemados en el basurero de Cocula, tal y como lo afirmaron los funcionarios del gobierno de Peña Nieto, que todas las fuerzas de seguridad, incluyendo el ejército, eran conscientes del ataque coordinado y las agresiones hacia los estudiantes normalistas; que el motivo de este ataque era la posesión de un autobús que sería usado (junto con otros) para que los estudiantes de las normales rurales pudieran trasladarse a la marcha del 2 de octubre a la Ciudad de México y que dicho autobús podría haber contenido un cargamento de droga, lo cual los normalistas desconocían.
En marzo la CoVAJ-Ayotzinapa encontró restos vinculados a la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos durante la madrugada del 26 de septiembre de 2014, los cuales fueron enviados a la Universidad de Innsbruck en Austria para su análisis. Los resultados fueron presentados en días pasados, los restos se tratan de Christian Alfonso Rodríguez, estudiante desaparecido y fueron encontrados no en el basurero de Cocula, sino en una barranca ubicada a 800 metros de ese lugar.
Los anteriores resultados derrumban completamente la llamada “verdad histórica”, la cual ya había sido socavada por las investigaciones y conclusiones del GIEI y las multitudinarias movilizaciones sociales que pusieron en la lona al gobierno de Peña Nieto y al Estado durante el segundo semestre de 2014.
Sin embargo, los siguientes pasos en la investigación pueden encontrar grandes resistencias de sectores del Estado mexicano, pues las conclusiones señalan que el ejército, en particular el Batallón 27 de Infantería de Iguala, tuvo una participación en los sucesos de la noche del 26 de septiembre del 2014 y la madrugada del 27.
La verdad histórica versus ¡Fue el Estado!
Lamentablemente la violencia generalizada en el país la hemos normalizado, dicha situación se agravó durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y siendo objetivos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no la ha podido contener.
Los cárteles de la droga se han apoderado de regiones completas del territorio nacional, en colaboración con policías, funcionarios de gobierno, e incluso altos mandos del ejército, también han diversificado sus actividades delictivas. La existencia de un narco-Estado o como en su momento le denominaron un “Estado fallido”, no es algo descartable.
Esta situación ha alcanzado incluso a altos niveles del gobierno, el ejemplo de Génaro García Luna, quién fuera Director de la Agencia Federal de Investigación durante el sexenio de Vicente Fox y Secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, y ahora preso, acusado de vínculos con el crimen organizado, es un ejemplo clarificador de esta situación; sin embargo no es el único.
Las conclusiones del GIEI e investigaciones de periodistas han clarificado bastantes claroscuros iniciales sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, en aquel fatídico 2014.
La Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, organización que agrupa a una buena parte de los normalistas rurales del país, como cada año en el 2014 decidió participar masivamente en la marcha estudiantil conmemorativa del 2 de Octubre en la Ciudad de México. Para hacerlo delegó a los estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero la tarea del transporte para todos los normalistas rurales del país, dicha tarea comenzaron a implementarla en días previos a la fecha de la manifestación mediante la apropiación momentánea de diversos autobuses de las terminales en Iguala y municipios aledaños.
En la tarde del 26 de septiembre acudieron a la terminal de Iguala, se apropiaron de algunos autobuses y partieron rumbo a la Normal Rural “Isidro Burgos”, sin embargo, durante el trayecto fueron atacados violentamente por policías municipales, estatales y federales.
Por la trayectoria de lucha y la resistencia de los normalistas rurales, durante décadas se han granjeado el odio de políticos y la clase dominante de la región. 2014 no era la primera vez que se enfrentaban a la violencia del Estado, tres años antes fueron asesinados dos estudiantes normalistas por la policía estatal durante un desalojo en la autopista del Sol Mexico-Acapulco.
Sin embargo la manera en que la policía reaccionó durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre era incomprensible, hasta que salieron a la luz varios datos que el gobierno de Peña Nieto trató de encubrir y enterrarlos en una montaña de falsificaciones. Sin desearlo y sin saberlo, los normalistas se apropiaron de un autobús que presuntamente contenía un cargamento de droga, que formaba parte de una red de transporte de Guerrero hacia Chicago. La forma violenta en como actuaron diversos niveles del Estado y la desaparición de los normalistas habla del involucramiento de sectores del gobierno, las corporaciones policíacas e incluso el Ejército en esta red de tráfico de drogas.
La participación del 27 Batallón de Iguala en los acontecimientos se encuentra documentada y fue descartada al momento de construir la llamada “verdad histórica”. Durante la madrugada del 27 de septiembre un grupo de normalistas, se presentó a una clínica privada con un estudiante herido y tuvieron contacto con un grupo de soldados que allanaron la clínica, se ha comprobado que elementos del ejército tomaron fotos al momento en que los estudiantes eran bajados por la policía de los autobuses para posteriormente desaparecerlos, estuvieron al tanto e informados de como transcurrieron los hechos y de acuerdo con investigaciones del periodista Francisco Cruz, autor del libro “La guerra que nos ocultan”, afirma que el celular del estudiante Julio César Mondragón, que fue asesinado y desollado, estuvo activo seis meses después de su asesinato y se puede rastrear su uso y el lugar donde estuvo durante esos meses: el cuartel del ejército de Iguala, el Campo Militar No. 1 ubicado en el Estado de México y las oficinas del Centro de Investigación y Seguridad Nacional en la Ciudad de México.
El gobierno de Enrique Peña Nieto construyó su “verdad histórica” con base a falsificaciones, verdades a medias y grandes distorsiones. Incluso periodistas como Anabel Hernández han documentado que las declaraciones de los supuestos sicarios y de las policías detenidos fueron arrancadas con base a la tortura que fue realizada en las propias instalaciones de la Procuraduría General de la República. La idea de que solamente policías municipales, por orden de José Luis Abarca (entonces presidente municipal de Iguala) y su esposa, en coordinación con una banda local del crimen organizado atacaron, secuestraron, asesinaron y posteriormente cremaron los cuerpos en el basurero de Cocula, fue fuertemente cuestionada desde que se dio a conocer esta versión, fue desmontada en las semanas posteriores y ahora ha sido enterrada con los resultados de las nuevas investigaciones.
La “verdad histórica” a su vez trató de encubrir a funcionarios públicos federales, a las corporaciones policiacas nacionales y al propio ejército mexicano involucrados en negocios y actividades ilícitas.
La versión peñista se ha derrumbado completamente, ahora se debe avanzar en conocer completamente la verdad de lo sucedido en la noche de Iguala. La consigna de “Fue El Estado” sigue siendo completamente valida.
El Estado no es un ente neutral, “en última instancia es un grupo de hombres armados al servicio de la propiedad”, es una maquinaria de opresión de una clase sobre otra, el cambio de gobierno no cambia la esencia opresora y represora del Estado. En el caso de México no solamente defiende los intereses de la clase dominante, sino los negocios turbios del crimen organizado, pues es parte de los mismos. En la búsqueda de justicia para los familiares de Ayotzinapa se encuentra de por medio revelar ese carácter del Estado, habrá resistencias, presiones y amenazas de un sector involucrado en el horrendo crimen y en la desaparición, pero se debe ir al fondo y juzgar a los responsables, los cuales no solamente son los funcionarios públicos del gobierno de Peña, se debe voltear a ver a los altos mandos del ejército en Iguala, Guerrero, si es que en verdad se pretende hacer justicia.