La pretensión del gobierno de indultar parcialmente a los presos políticos catalanes del Procés ha provocado una airada reacción de la derecha, que trata de agitar a sus bases sociales para desgastar a Sánchez. Sin embargo, sectores clave de la clase dominante apoyan la medida entre bambalinas, seguros de que sus intereses se defienden mejor haciendo esta pequeña concesión al independentismo catalán ¿Cuál debe ser la posición de la izquierda?
Nuestra posición
Para empezar, queremos dejar claro que defendemos incondicionalmente el derecho de autodeterminación del pueblo catalán, derecho que es apoyado por el 75,1% de la población catalana, según el último sondeo del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat (CEO), el llamado “CIS catalán”. Debe ser el pueblo catalán quien decida si quiere formar un Estado propio o permanecer dentro del Estado español. La unión “forzosa” sólo consigue incrementar las suspicacias y odios nacionales, lo que va en contra de la hermandad y la unidad de las clases obreras catalana y española. Sólo el reaccionario aparato de Estado español, con sus jefes del Ejército, de la policía, la Guardia Civil, la judicatura, y su monarca al frente, y los grandes capitalistas que lo sustentan, están interesados en imponer la unidad “forzada” del Estado español por los enormes privilegios e intereses económicos y de prestigio que les provee.
En la medida que el Estado español y su Constitución se oponen implacablemente al ejercicio de este derecho, lo que contraviene la voluntad de la mayoría del pueblo catalán, es legítima toda acción que trate de ejercerlo por la acción directa de masas, como fue el referéndum del 1 de octubre de 2017. Reconocemos dicho referéndum y su resultado, y por tanto consideramos a los 12 presos del Procés como presos políticos, y exigimos su liberación incondicional y la anulación de sus condenas. De la misma manera, exigimos el levantamiento de todos los cargos incoados a los 3.000 republicanos catalanes encausados por diferentes denuncias y a los representantes políticos catalanes exiliados, así como su libre regreso sin amenazas ni coacciones.
En relación al tema que nos ocupa, la liberación de los presos desde el punto de vista de las formalidades legales, siempre hemos defendido su amnistía; pero en la medida que desde el gobierno central se les otorga el indulto sin obligatoriedad de arrepentimiento o disculpa, también lo apoyamos.
Nuestra posición nada tiene que ver con los cálculos cínicos de la política burguesa que están presentes para “encauzar” la vuelta de los partidos independentistas mayoritarios, ERC y Junts, a la vía de la autonomía constitucional, a cambio de estos indultos; defendemos la libertad incondicional de los presos, del modo que sea, por consideraciones elementales de democracia y justicia.
La reacción contraataca
Por supuesto, la reacción no ha perdido el tiempo para lanzar gritos de espanto y poner en marcha todos sus resortes para movilizar a su base en la pequeña burguesía reaccionaria, toda esa masa de profesionales, empleados, jubilados, rentistas, comerciantes y pequeños patrones explotadores, histéricos e ignorantes. El reaccionario aparato del Estado no les va a la zaga través de la Policía, la Guardia Civil y el Ejército; y sobre todo la casta judicial. Lamentablemente, el rechazo a los indultos es compartido por una capa de trabajadores que están contaminados por el chovinismo españolista. Esto fue favorecido por la “unión nacional” con la derecha practicada vergonzosamente por el PSOE y la actitud ambigua de los dirigentes de Unidas Podemos, acobardados por la presión dominante de la opinión pública españolista tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que disolvió temporalmente la autonomía catalana a fines de 2017 e instaló durante unos meses un clima de semirreacción en la sociedad.
La primera medida de la reacción ha sido convocar una concentración en Madrid el 13 de junio, con el apoyo de PP, Vox y Ciudadanos, para mostrar su rechazo a los indultos. A esto le ha seguido un informe del Tribunal Supremo, esa caterva reaccionaria de privilegiados que escapa a todo control popular, que rebosa una actitud vengativa y considera el indulto como “una solución inaceptable”.
El rechazo del Supremo a los indultos obliga legalmente al gobierno a otorgar un indulto parcial, no total, consistente en rebajar la pena, pero no en anularla, y posiblemente incluirá la inhabilitación de los indultados a ocupar cargos públicos. Pese a eso, lo más probable es que salgan a la calle en cuestión de semanas o de muy pocos meses.
Sectores clave de la clase dominante a favor del indulto ¿Por qué?
Uno de los puntos más importantes a resaltar es que sectores clave de la clase dominante, vinculados al Ibex35, sí están a favor de la medida. En realidad, la concesión de los indultos es la única medida inteligente desde el punto de vista del régimen capitalista español para tratar de apaciguar la situación catalana y favorecer la integración de los dirigentes de ERC y Junts en la vía autonomista. Estos necesitan ofrecer algo a sus bases y votantes para justificar la congelación de la llamada vía unilateral a la independencia y volver en los hechos al autonomismo anterior al Procés, aunque en sus discursos y proclamas aseguren que el aplazamiento de medidas unilaterales hacia la independencia es simplemente una tregua temporal a la espera de encontrar un momento más propicio para emprenderlas.
Es interesante al respecto el Editorial de El País, el vocero principal de los bancos y de un sector de las grandes empresas españolas, publicado el pasado 30 de mayo, donde fija su posición sobre los indultos. Tras las frases de rigor cargando contra el independentismo catalán, va directamente al asunto:
“Las sentencias contribuyeron a superar la fase más aguda de la crisis, pero no han resuelto de forma definitiva el reto existencial para la democracia española que supone el independentismo” (Énfasis nuestro).
Y, más adelante:
“Sí hay bastantes pruebas de que el no a todo de gobiernos anteriores ha favorecido el crecimiento independentista en la última década. La situación es ya difícil. Pero se convertiría en una catástrofe inmanejable si un salto cualitativo convirtiese las posiciones en favor de la secesión en ampliamente mayoritarias.” (Énfasis nuestro)
La gran burguesía comprende lo mismo que los marxistas. La cuestión catalana es un “reto existencial” para el régimen burgués español porque una eventual independencia de Catalunya sería un golpe demoledor para el aparato del Estado español: a su prestigio, al misticismo de su imbatibilidad, a sus prebendas y privilegios, a la ideología centralista sobre la que reposa el hipnotismo que ejerce sobre la pequeña burguesía, al prestigio de un ejército y un monarca incapaces de evitar la ruptura del Estado impuesta por el movimiento revolucionario de las masas catalanas. También atacaría al corazón de la clase dominante porque una eventual independencia de Catalunya, además de suprimir su control directo sobre un territorio que concentra el 20% de la riqueza del Estado, mercados e ingentes recursos industriales, debilitaría significativamente la autoridad del Estado sobre la sociedad española y el miedo de las masas trabajadoras al aparato de represión que aquélla necesita. Este sector de la burguesía comprende mejor que sus obtusos y mediocres representantes en el aparato del Estado y los partidos de derechas que el arrinconamiento indefinido del movimiento independentista, en un contexto de crisis de régimen y descontento social, es lo que le ha insuflado vigor estos años, y que la perspectiva de un repunte de dicho movimiento que convierta las posiciones independentistas “en ampliamente mayoritarias” no está descartado en un futuro, lo que “se convertiría en una catástrofe inmanejable”; esto es, en un movimiento revolucionario en Catalunya en toda regla y la obligación del ejército de intervenir con consecuencias imprevisibles.
Y, desde luego, si en su locura irrefrenable, la derecha consiguiera que el Tribunal Constitucional, afín al PP, declarara ilegales los indultos, la perspectiva de la “catástrofe inmanejable” quedaría bastante cerca. De ahí la contundencia en el pronunciamiento de este sector de la burguesía, mostrado por El País, para dejar claro al aparato del Estado que no debe jugar con fuego.
Esta posición de cautela y de mostrar la zanahoria al independentismo en la etapa actual, en un momento en que la Generalitat de ERC-Junts se precipita al "autonomismo" en los hechos, también es compartida por los representantes más clarividentes de la burguesía europea. Así, el Comité de Asuntos Legales del Consejo de Europa también ha solicitado la excarcelación de los presos del Procés.
Disputar la calle a la reacción españolista
En realidad, la rabieta de la derecha y de la ultraderecha tiene como único objetivo preservar el prestigio del aparato de represión del Estado (sus policías y jueces) y tratar de debilitar todo lo que puedan al gobierno para hacerlo caer. Al festín se han sumado “exdirigentes” del PSOE de la época “felipista”, como el mismo Felipe González, completamente degenerados política y personalmente, que actúan como agentes de la reacción y del aparato del Estado. No pueden ocultar su odio personal a Pedro Sánchez y desearían verlo caer y que fuera sustituido incluso por la derecha sin ningún remordimiento. Estos personajes han atravesado con creces el Rubicón, y sólo pueden ser calificados actualmente como enemigos de clase (Felipe González, Guerra, Corcuera, Leguina, Redondo Terreros, etc.). Pese a todo, no estamos en el otoño de 2017, un sector amplio de la clase trabajadora que quedó confundido, desorientado y cayó temporalmente preso de los cantos de sirena del nacionalismo español reaccionario, ya ha saldado cuentas con este pasado, y comprende el peligro que representa la derecha y cómo manipulan los sentimientos nacionales para sus sucios propósitos. Muchos trabajadores, de hecho, respirarán aliviados, en la creencia de que los indultos podrían distender la situación en Catalunya y volver a una situación de mayor estabilidad.
En este contexto, la izquierda no debería dejarse ganar la calle por las turbas de la derecha. En Catalunya y en el resto del Estado, sin dejar de exigir la amnistía, habría que organizar ya movilizaciones demandando la liberación inmediata e incondicional de los presos, la anulación de las condenas, y la retirada de las euroórdenes del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional contra los exiliados. Sería un error permanecer pasivos porque parezca estar al alcance de la mano la decisión del gobierno de otorgar estos indultos, aun con sus limitaciones. De lo que se trata, además, es de ganar el protagonismo ante la opinión pública y en la calle, combatir frontalmente el nacionalismo españolista con su tufillo franquista y opresor, no sólo en Catalunya sino en todo el Estado, exigir la depuración del aparato del Estado de franquistas y reaccionarios, y volver a levantar firmemente la bandera del derecho de Catalunya a su autodeterminación.